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Política

Un sistema mafioso con 40 no-inocentes

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Rumor. Versión. Instalar. Publicar. Denunciar. Encarcelar. La triste e ilegal actuación de Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Ricardo Gil Lavedra y otros, quedará en la historia, como uno de los procesos de persecución y hostigamiento en democracia más perversos y cínicos dirigidos desde la AFIP, y parte de una organización mafiosa superior.

No hay dudas. José Claudio Escribano no hubiera permitido la publicación de una editorial del diario La Nación escrita por outsiders. El viernes salió impresa la columna con el título “Los 40 inocentes de la AFIP”. La interesada autora expone todo, pero al revés.

“Cuando Alberto Abad asumió al frente de la AFIP en diciembre de 2015, se encontró con un organismo arrasado. Una cúpula directiva tomada por la política y la corrupción, sistemas informáticos obsoletos”, empieza la nota.

En los expedientes judiciales no se plasma esto. Incluso, el doctor Abad no pudo mantener sus acusaciones mediáticas ante los jueces de la República, justificando sus silencios en derechos constitucionales -nadie está obligado a declarar en su propia contra-. Todavía resuena muy fuerte la falta de memoria y la nula participación esgrimida de “los 40 – no inocentes” en el ámbito del debate oral del juicio de Oil Combustibles, que culminó el pasado 16 de diciembre, luego de casi tres años de debido proceso.

Donde no existió debido proceso y apego a las normas, fue en la implementación del libro amarillo de persecución tributaria (un pdf con el plan para desplazar, atacar y encarcelar a personas que preparó la fuerza de inteligencia macrista, autodenominada “Pensar”) que aplicó sin hesitar Abad; y que si aparecieran los videos de su planificación y coordinación serían tan o más escandalosos que los ya conocidos “operación Gestapo”.

Rumor. Versión. Instalar. Publicar. Denunciar. Encarcelar. La triste e ilegal actuación de Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Ricardo Gil Lavedra y otros, quedará en la historia, como uno de los procesos de persecución y hostigamiento en democracia más perversos y cínicos dirigidos desde la AFIP, y parte de una organización mafiosa superior.

Montar falsas acusaciones para inducir a la Justicia y ocultar documentación sustancial, fuel el rol desarrollado por Abad y Cuccioli.

La AFIP se encargó mediante un grupo de tareas “ad hoc” de generar información única, falsa, parcial, e incompleta que aporto de manera absolutamente irregular para su publicación en los medios de comunicación, y posteriormente a la justicia por medio de profesionales externos contratados solo a dicho fin.

Los verdaderos funcionarios profesionales de la administración fiscal, tuvieron que exigir formalmente al administrador federal, que aportara la documentación integra de los procesos desarrollados a la justicia, ya que los resultados de los mismos eran contrarios a la documentación que en forma tendenciosa habían hecho llegar a la justicia.

Ya, hoy, dichas acciones, están siendo revisadas por la justicia, y seguramente luego del fallo del pasado 16 de diciembre, muchos de “los 40, no inocentes”, estarán pensando cuál será su futuro penal debido a su arbitrario, discrecional y falaz accionar.

Pero la editorial en La Nación intenta cambiar la historia, contradiciendo los hechos. La escriba oculta dice “desde el primer día, Abad se enfocó en reordenar el descalabro que había dejado su antecesor Ricardo Echegaray, cuando Leandro Cuccioli lo sucedió en 2018, profundizó ese camino”.

Insiste la insider: “pudo (¿pudieron?) normalizar el presupuesto para comenzar a implementar un plan a cinco años de modernización estructural dirigido a erradicar la corrupción, la discrecionalidad y la injerencia de la política en un ente que debe ser netamente técnico”.

QUÉ PASÓ

¿Modernizaron la recaudación tributaria, siendo los principales arietes del mayor blanqueo de activos evadidos de la Argentina, y de esta manera cerrar investigaciones acerca de comportamientos mafiosos de bancos internacionales y grupos empresarios?

¿Combatieron la corrupción y al mismo tiempo permitieron la regularización de fondos millonarios evadidos de los familiares directos del presidente y de sus funcionarios?

¿Hicieron de la AFIP, un organismo netamente técnico, cuando en realidad lo infiltraron con cientos de funcionarios altamente identificados políticamente, que solo se abocaron a perseguir a determinados contribuyentes y haciendo la vista gorda con otros tantos?¿Qué pasó con las facturas apócrifas en la constructora de Mauricio Macri por el Soterramiento del Sarmiento? ¿Qué pasó con Cresta Roja? ¿Qué pasó con OCA?¿Qué pasó con Vicentín?¿Qué pasé con los aportes y contribuciones de la seguridad social de los trabajadores, que en forma permanente los gobiernos provinciales y municipales de Cambiemos no ingresaron? ¿Qué pasó con los dictámenes y actuaciones judiciales por criterios de doble imposición de algunas empresas nacionales que perjudicaban al Estado Nacional?¿Qué pasó con la aplicación del ajuste por inflación para los grandes bancos internacionales? Y así un sinfín de cuestiones, que solo muestran que actuaron como un órgano de persecución contra sus adversarios ideológicos, y una fuente de soluciones creativas para sus amigos –esto no es erradicar la discrecionalidad y la injerencia política en la administración tributaria, es todo lo contrario-.

ESTÁN EXPUESTOS

La editorial deja a su vez expuesto el tentador vicio bastante explotado en el Gobierno de Mauricio Macri de arrogarse desde el Poder Ejecutivo y los medios la facultad de determinar culpabilidades e inocencias sin aguardar resoluciones judiciales, o presionando a dicho poder, para alcanzar sus objetivos espurios. Arrogarse funciones judiciales “divinas” fue la “justificación moral del lawfer” y eventos como la “Gestapo sindical”, así lo demuestran.

Lo siguen esgrimiendo hoy como defensa aún cuando al defenderse quedan expuestos ya que exigen la división de poderes y termina siendo una burla que se derriba desde sus propias confesiones.

De allí que no es extraño oír retroactivamente a la exgobernadora María Eugenia Vidal vanagloriándose de que en su gobierno el “Pata” Medina estaba preso, reconociendo burdamente la injerencia política en la Justicia.

Por lo visto, como dos caras de una misma moneda, quien puede determinar quién es “delincuente” antes de ser juzgado, también puede determinar quiénes son “mártires inocentes” que pelearon contra las mafias antes de ser investigados.

El manejo contrario al interés general de la sociedad, entre ello -el desmedido endeudamiento en dólares y la puesta en marcha de un sistema de inteligencia ilegal y persecución sin precedentes- se llevó adelante con altísimas complicidades políticas, judiciales y mediáticas, tanto internas como externas.

El modelo de irresponsable endeudamiento internacional y el diseño de un sistema financiero que premiaba la fuga de dólares que lidero Mauricio Macri y los principales dirigentes de Cambiemos solo tenía por finalidad culminar con un nuevo plan de condicionamiento a la política, economía y vida social de la Republica cediendo soberanía popular al FMI.

Fue un plan orquestado para poner de rodillas al país. Fueron u$s57.000 millones de dólares, para vaciar de poder a quienes están llamados a decidir en representación del pueblo. El ingreso del FMI a la Argentina, no fue la consecuencia de una irresponsabilidad financiera, o por la aplicación de malas políticas de Mauricio Macri y su Gobierno; fue sencillamente el plan de gobierno desde 2016, para controlar la capacidad y voluntad de su pueblo.

¿Los 40 inocentes? O los que fueron eslabones de un sistema de ajuste y opresión. La Justicia ya habló JL.

Fuente: Ambito.com

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