La Corte recalcula y acelera un nuevo fallo sobre la Ley de Tierras

Los supremos decidieron “abreviar el plazo” para confirmar los conjueces en otro expediente y en 24 horas quedarían en condiciones de pronunciarse sobre el pedido de una cautelar. Se especula que lo harán antes de la sesión convocada para voltear el DNU 70.

PorIrina Hauser/ PÁGINA 12

En la Corte Suprema hay intensos movimientos para acelerar una nueva definición sobre la Ley de Tierras. Tiene a estudio ahora un pedido de medida cautelar impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie y las comunidades mapuches Lafkenche y la lof Fvta Anecon junto con la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda.

Lo novedoso es que el tribunal decidió “abreviar el plazo” para que los amparistas y el Estado Nacional consientan o recusen a los conjueces designados por sorteo para intervenir en el tema. Les dio 24 horas para eso “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, dice la notificación. Si concede la cautelar volverían a estar vigentes los límites para la venta de tierras a extranjeros.

El expediente conocido como “Árbol de Pie” está en la Corte desde mediados de 2024. Tramitaba en forma conexa con el del Centro de ExCombatientes de La Plata (CECIM), organización rechazada por los supremos la semana pasada para impulsar la demanda con el tecnicismo de que no tenían legitimación. El efecto de esa decisión fue confirmar la derogación de la Ley de Tierras establecida por el artículo 154 del DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei y, por ende, habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, como impulsa el gobierno libertario. El repudio social y de la comunidad jurídica fue en aumento.

En pocos días los cortesanos fueron blanco de protestas en San Martín de los Andes (en un encuentro de jueces de tribunales orales), frente a sus despachos en el Palacio de Justicia y en la Facultad de Derecho. En la Cámara de Diputados se reactivó la posibilidad del rechazo a todo el DNU 70 (que desreguló la economía y volteó decenas de leyes), lo que será debatido el jueves 15, frente a una movilización popular originalmente convocada por el financiamiento universitario pero que fue sumando temas.

La salida que encontró la Corte

El caso “Árbol de Pie” no tenía movimientos en la Corte desde el 19 de agosto de 2024. Había sido remitido al máximo tribunal por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata después de declarar la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras en la causa de los excombatientes, pero sin referirse específicamente a la solicitud de una medida cautelar impulsada por este grupo ni resolverla.

La semana pasada, después del fallo contra los excombatientes, la asociación ambientalista, Odarda y más de una decena de amparistas le pidieron una “aclaratoria” a los supremos ya que no habían dicho nada respecto de su planteo. De hecho, no había ni siquiera alguna referencia a la existencia de este expediente en la sentencia. Ellos consideran que su situación es distinta ya que reivindican derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y los derechos de las comunidades indígenas ligados a sus territorios ancestrales.

En el tribunal hay quienes aseguran que este amparo colectivo no estaba en el radar y que incluso a principios de septiembre se habían reunido los secretarios letrados de los tres ministros de la Corte para analizar la cuestión únicamente con el del CECIM en la mano. Como sea, los cortesanos habían elegido ese caso entre más de 32 que tienen para resolver respecto de distintos aspectos del DNU 70 (incluso su totalidad), como reveló Página/12, y sabían cuál sería el resultado de la decisión. Quizá no calcularon tan rigurosamente el costo, como les ocurrió en 2017 con el fallo del 2×1 a favor de la libertad de los genocidas.

Comunicado y cruces

La primera reacción de los supremos ante las críticas fue emitir un comunicado en el que se victimizaban como si hubieran sido blancos de “discursos de odio” y buscaban explicar que solo habían resuelto una cuestión procesal. Decían que se podrían pronunciar sobre la derogación de La Ley de Tierras si había nuevos planteos con organizaciones o actores legitimados. El texto fue consensuado por Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz dijo, a través de un asesor, que él no tenía nada que ver.

Un párrafo llamativo recordaba que la Corte “ha ejercido un liderazgo en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años….”. Como si los jueces dieran a entender que ante una causa vinculado al derecho ambiental –especialidad de Lorenzetti, y en alguna medida de Rosatti también– el desenlace podría ser otro.

El apuro de los supremos

Lo cierto es que la causa que les permite dar marcha atrás, si eso buscan, ya estaba en sus despachos. Pero todo indica que no se pusieron de acuerdo sobre cómo resolverla.

Rosenkrantz estaría dispuesto a sostener su posición para ratificar habilitar la extranjerización de la tierra rural. No así sus compañeros. La discrepancia expone el problema de una Corte de tres integrantes.

Tuvieron que sortear conjueces: del bolillero salieron los nombres del juez de Casación Penal Diego Barroetaveña y del camarista mendocina Juan Ignacio Pérez Curci. Según las reglas habituales, las partes tienen 72 horas para recusarlos. Pero este es el plazo que la Corte decidió acortar.

Odarda y compañía analizaban alguna recusación, pero ante la aceleración de los tiempos decidieron consentir las designaciones. El plazo vence este jueves a las 19 horas. A partir de ahí se podría llegar a conocer alguna decisión.

Una posibilidad es que concedan directamente la cautelar pedida y se restituyan la protección de las tierras con la suspensión del artículo 154 del DNU. Sería algo excepcional, pero podría ocurrir.

Otro camino es que devuelvan el expediente a La Plata o al juzgado de Bariloche donde se originó, para que allí sea resuelto, o bien una combinación de ambos caminos.

Todo está por verse. En los pasillos supremos una mayoría de versiones apunta a que existe voluntad (y los conjueces estarían alineados) de dictar un nuevo pronunciamiento antes del debate parlamentario la semana que viene.