Bullrich tiene su propia lista negra de candidatos a jueces y fiscales

En el oficialismo, hablan de seis postulantes objetados. La senadora ya habría anticipado que no apoyará la nominación de un defensor que acusó al policía Luis Chocobar.

Por Luciana Bertoia/PÁGINA 12

Toda excusa parece buena dentro del Gobierno para desatar una nueva guerra interna. La última batalla que enfrenta a las caras visibles del oficialismo se libra por los nombramientos en la justicia. La crisis se desató después de que Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado –y, por ende, quien debe asegurar los votos para nombrar a jueces, fiscales y defensores– saliera a bancar públicamente a una candidata a jueza a quien Javier Milei le había bajado el pulgar. Con el correr de las horas, el desafío de la senadora fue mayor: ofreció su renuncia como titular del bloque. Karina Milei alista a sus huestes para dar la pelea con Bullrich –que no esconde sus ambiciones electorales para el año próximo– y busca redoblar la apuesta. Esta semana, la Casa Rosada se prepara para enviar 45 nuevos pliegos mientras hace trascender que Bullrich tiene su propia lista negra de candidatos y vetó a algunos postulantes, como el defensor público que acusó al policía Luis Chocobar.

En las últimas semanas, el Gobierno envió 149 pliegos a la Cámara Alta. Por ahora, algunos se examinaron en comisión, pero ninguno se trató en el recinto.

La última batalla tiene nombre y apellido: María Verónica Michelli. La abogada es candidata a jueza para el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de La Plata, que ni siquiera está creado. Michelli es actualmente secretaria del TOF 1 de esa jurisdicción. Ingresó al Poder Judicial hace 32 años, ayudada por el hecho de que su padre, Jorge Michelli, era juez. Su marido, Ezequiel Cortelletti, también integra el Poder Judicial: es relator en la Suprema Corte bonaerense.

El problema de Michelli no es que sea parte de la “familia judicial”. Lo insalvable para el Presidente es que la hermana de Michelli está casada con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, que ha investigado casos que molestan mucho a los Milei, como la estafa que se esconde detrás de $LIBRA.

A través de un posteo en X, Bullrich hizo saber el lunes que le había comunicado a Milei su oposición a retirar el pliego de Michelli –que ya fue pedido por el Poder Ejecutivo pero debería ser decidido por el Senado. Bullrich fue por más y habló de “objeción de conciencia” en un movimiento que muchos percibieron como un gesto de largada proselitista. No es el primer tema de tinte “republicano” con el que la senadora busca desmarcarse de los hermanos Milei: días atrás ya intimó a Manuel Adorni a que presente su declaración jurada.

Los pliegos generaron tensiones en las distintas tribus que convergen dentro del oficialismo. Las molestias se expresaron tanto desde el sector de Santiago Caputo como del de Bullrich con la nómina que fue saliendo del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, aliado de la secretaria general de la Presidencia.

Hay una lista negra que se fue generando dentro del oficialismo. En el Gobierno hablan de seis candidatos objetados por Bullrich. Entre ellos estarían los dos candidatos a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania. Desde el sector de Bullrich les atribuyen vinculaciones con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Catania tiene otro problema: es el juez que tiene a su cargo la investigación sobre el envío de municiones a Bolivia durante el macrismo. En ese expediente, Bullrich es una de las imputadas.

Hay también oposición al nombramiento de Juan Mejuto, secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, a quien le achacan haber intervenido en causas de lesa humanidad, haber visitado el Museo Sitio ESMA y haber firmado la solicitada que dio origen a Justicia Legítima. Desde la Oficina de Respuesta Oficial salieron a defender su candidatura. Llegaron a afirmar que un compañero incorporó de manera inconsulta su firma en el texto de 2012 y lo vincularon con jueces, como Andrés Basso, que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner. Pero ni siquiera eso parece haber alcanzado para despejar las objeciones.

Otro de los objetados por Bullrich sería, según dicen en el oficialismo, Pablo Matkovic, que el 14 de mayo pasado se presentó en la Comisión de Acuerdos para defender su nominación como integrante del TOF de Neuquén. La inquina de Bullrich con Matkovic es de vieja data: en 2017 presentó, en su carácter de defensor oficial, un hábeas corpus contra un allanamiento que ejecutó Bullrich contra la comunidad mapuche en Campo Maripe, en la zona de Vaca Muerta.

Sin que se oficialice su pliego, Bullrich también habría objetado la nominación del defensor Pablo Rovatti como fiscal de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires por su rol funcional: representó a la familia de Juan Pablo Kukoc, asesinado por la espalda por el policía Luis Chocobar –emblema para Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Si bien trascendió que el Gobierno podría retirar más pliegos –siguiendo el ejemplo de Michelli–, la apuesta del karinismo es otra: ir por más y mandar una nueva tanda de 45 postulaciones en los próximos días. Será el intento para ver si Milei logra nombrar a algún juez, una suerte que le viene siendo esquiva en más de dos años de gestión.

La decisión de retirar la postulación de Michelli tuvo su correlato en los tribunales. El fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar la denuncia que presentaron José Magioncalda y Juan Martín Fazio, de Reset Republicano, por el veto contra la candidata.

La denuncia está radicada en el Juzgado Federal 6, que es subrogado por Daniel Rafecas. A pedido de Marijuan, Rafecas ordenó relevar si hay alguna otra denuncia por este mismo tema y llamó a Magioncalda a ratificar la presentación.

La defensa de Michelli viene siendo enfática desde los sectores conservadores que se aglutinan en el llamado Colegio de Abogados de la Ciudad, la entidad de la calle Montevideo que reúne a los estudios jurídicos de la City porteña.

Curiosamente, el Colegio de la calle Montevideo fue el lugar donde se expuso otro quiebre en el oficialismo. Fue allí donde Victoria Villarruel hizo pública su oposición a la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema, en uno de los primeros desplantes públicos entre la vicepresidenta y el Presidente.